Democracia y justicia, maridaje o batidillo

Por primera vez confieso que la democracia no me parece un sistema perfecto. He visto a todos los pueblos equivocarse en sus decisiones más importantes. Pero, en toda una vida de reflexión, no he encontrado ni imaginado un mejor sistema de designación. Ni la monarquía ni la regencia ni la dictadura ni el cuartelazo ni el protectorado ni el camarazo ni el magnicidio.

He escuchado la opinión de los opositores a una elección que caminará con o sin nosotros. Es cierto que el 99% de los electores no saben lo que hace un ministro ni a lo que se dedica la Suprema Corte. Pero tampoco acepto que los electores seamos unas bestias descalificadas para decidir. Además, me dice Elías Huerta Psihas que el 80% de quienes compiten tiene amplia experiencia judicial. Esto es un dato alentador.

Es cierto que el nuevo sistema no es para presumir, pero el anterior tampoco lo era. Con la ley que estuvo vigente hasta 2024, los nuevos ministros los determinarían tan sólo la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López, como lo hicieron sus antecesores durante siglo y medio. Si no me lo cree, consulte el artículo 96 constitucional vigente hasta hace 8 meses. Pero eso lo dicen también las constituciones de todos los países que más iramos.

Desde luego, no porque la ley anterior fuera mala, la ley nueva sería buena. Además, me parece un costosísimo error político del anterior gobierno y que yo juraba que el actual la pausaría, la moderaría o la desecharía. Esta reforma será acusada en el futuro de la suerte de las inversiones o del destino del T-MEC. Pero con esos asesores políticos ya no necesitan de opositores.

Yo he sido hijo, padre y amigo de jueces, por lo cual me duele mucho reconocer que el pueblo no quiere la justicia ni la va a querer. No hay un “justiciómetro” que la mida. Pero todos los litigantes que pierden el juicio la consideran estúpida, perversa y ratera. Y el 80% de los que ganan la considera tardada, complicada y costosa. Esa repugnancia seguirá existiendo y, con culpa o sin ella, el actual gobierno será responsabilizado por los siglos de los siglos.

Sin embargo, yo soy de la minoría que sí votaré y ya tengo seleccionados a las ministras y ministros que me convencen y no falto a la ética ni a la ley si les comparto mis decisiones y mis razones.

Entre ellos, me parece que Ricardo Sodi está que ni mandado a hacer. En primer lugar, es uno de los mejores abogados constitucionalistas que conozco. Ésa ha sido su materia como profesor universitario y fue director de facultad durante 15 años. La materia constitucional es lo esencial del trabajo de la Suprema Corte.

Además, es independiente, es valiente y es honesto. Tiene una sólida experiencia judicial. Durante 10 años fue magistrado del tribunal mexiquense y, después, desempeñó su periodo de cinco años como presidente de ese tribunal superior. Allí realizó avances y logros, no para mejorar la estadística, sino para mejorar la vida de las personas a las que juró servir.

Porque, en el fondo de cada expediente judicial, está en juego una vida, no una cifra. En cada asunto, los hombres y mujeres pueden perder su casa, su patrimonio, su trabajo, sus ahorros, sus hijos, su dignidad o su libertad. Lo que está en riesgo no es menor ni incidental. Quien así lo comprende es muy benéfico para la justicia.

La justicia tiene personajes reales que no representan una comedia ficticia, sino un drama auténtico o hasta una tragedia verdadera. Allí, la víctima sufre en carne propia. Allí, el medrero se queda con lo mal habido. Allí, el corrupto se embolsa el precio de su deber convertido en mercancía.

Por eso, México requiere de juzgadores que, como Ricardo Sodi, sean conocedores, para que no los engañen; leales, para que no los seduzcan; honestos, para que no los compren; valientes, para que no los asusten; respetados, para que no los ataquen; inteligentes, para que no los confundan, y justos, para que no los retuerzan.