Relación envenenada

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de EU, ha convertido la política migratoria, el combate al narcotráfico y la relación bilateral con México en una caja de resonancia para complacer a su base electoral. Ya lo hizo en su primer mandato, y lo vuelve a hacer bajo la amenaza de aranceles para presionar en temas de seguridad y control fronterizo.

La tensión con el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha vuelto personal y ha envenenado la relación. No es casual que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, haya acusado públicamente a la Presidenta de México de “alentar” las protestas que mantienen en llamas a Los Ángeles y otras ciudades estadunidenses. La condena ocurrió en la misma Oficina Oval donde Trump acostumbra humillar a los líderes que no se doblan a sus exigencias. Que le pregunten a Volodímyr Zelenski.

Y pese a que la respuesta de Sheinbaum fue inmediata, al negar que sus llamados hubieran sido en contra las redadas y la política antiinmigrante, sino del impuesto a las remesas, la narrativa ya estaba sembrada: una presidenta mexicana “rebelde”, que no coopera con Washington y que, incluso, es cómplice del desorden en territorio estadunidense.

El mismo día que Noem lanzaba su acusación, Trump firmó un memorándum para que la Fiscalía de su país investigue a políticos y empresas mexicanas por lavado de dinero y nexos con el huachicol. Fue una jugada coordinada, diseñada para presionar, desestabilizar y erosionar la legitimidad del gobierno mexicano.

El mensaje de fondo es claro: si México no actúa como aliado sumiso en la guerra contra el narcotráfico, será tratado como parte del problema. Y lo será con sanciones, con aranceles, con el retiro de visas, con bloqueos diplomáticos como ya está ocurriendo.

El punto más álgido de esta ofensiva llegó con la filtración —atribuida a Reuters— de una supuesta lista de funcionarios mexicanos vinculados al huachicol y al narcotráfico justo cuando Sheinbaum se preparaba para recibir a Christopher Landau, emisario de Washington, y previo a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido un fuerte inquisidor de los gobiernos morenistas y a los que ha señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Según la agencia británica, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, encabezaron una reunión en Washington el pasado 27 de febrero en la que se exigió a México emprender una “ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción”.

Como era de esperar, la Presidenta rechazó la versión y dijo que no se habló nada de ello porque no existe. Es más, aseguró que se trató sólo de una buena reunión. Definitivamente ésta no fue para tomar café, porque fue por más de dos horas, y en ella estuvieron el secretario de SPC, Omar García Harfuch y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Ya antes, en una conversación telefónica con Trump, Claudia también la definió como “cordial y productiva”, sin embargo, se supo después que el mandatario estadunidense había propuesto “cosas inaceptables” en el marco del combate al narcotráfico.

Lo que Trump construye no es una estrategia diplomática, sino un chantaje sistemático. Busca acorralar al gobierno mexicano, exponer sus flancos débiles, sembrar dudas sobre su integridad y usar cualquier elemento —protestas, migración, fentanilo, violencia— para justificar sus propias decisiones unilaterales.

Claudia Sheinbaum no tiene una relación fácil con Trump: se asemeja más a una confrontación con un adversario imprevisible y obsesionado con el control. No hay margen para la ingenuidad, porque ya vimos de lo que es capaz para conseguir sus fines políticos. La supuesta incitación de Sheinbaum es un pretexto para aplacar al gobernador de California, serio aspirante a sucederlo en la presidencia y no le importa mandarle al Ejército ni a los marines.

* El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recibió un fuerte regaño desde Palacio Nacional por sus declaraciones incendiarias que no ayudan en nada y son gasolina para la relación bilateral México-EU.

DE IMAGINARIA

Será en este periodo extraordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados, cuando se discuta la iniciativa presidencial que adecua el nuevo marco jurídico de la GN y faculta a la Defensa para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.